Instituciones y actores políticos
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- Ante el anuncio de la integración de una Comisión “presidencial” para la formulación de reformas electorales, me llamó la atención que quienes hace algunos años (siendo consejeros del INE) enarbolaron la consigna de “El INE NO se toca”, ahora muestran alguna apertura. Aclarando que su participación se dará “siempre y cuando los cambios se hagan por consenso”. Se entiende que ellos y ellas tendrían que ser considerados como actores en ese consenso.

Incluso actuales consejeros del INE mostraron su disposición a “compartir sus conocimientos” sobre lo que debe cambiarse.

El asunto es de representatividad. Es claro que en una democracia todos tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones; ésta puede ser de manera directa o bien indirecta. En el caso de México los legisladores (diputados y senadores) representan a los ciudadanos en el debate de las iniciativas de Ley y con sus votos las aprueban o las rechazan.

En la actualidad, la participación en el debate público es bastante abierta. Si bien son los partidos políticos las instituciones cuya misión es ocuparse de los asuntos públicos, la sociedad civil participa también, sea en lo individual, en las redes sociales, o formando parte de organizaciones civiles. Para eso nadie pide permiso ni pone condiciones.

Con el apoyo económico de empresarios y organizaciones privadas (hasta del extinto USAID) se han creado asociaciones civiles que generan información sobre asuntos de interés público: como la corrupción, entre otros. La capacidad técnica de manejo de la información les ha abierto espacio en los medios de comunicación. A veces aparecen como alternativa a las fuentes de información oficiales. En ocasiones, van por delante de la información sobre proyectos o planes del gobierno; ejerciendo una crítica que de antemano pone en duda la viabilidad o certeza de los proyectos públicos. Estos organismos de seguro se pronunciarán sobre la reforma electoral.

Una figura que se ha conformado en los medios de comunicación, sobre todo en los medios impresos tradicionales, es el de la llamada “comentocracia”. Se trata de periodistas, quienes con sus comentarios editoriales señalan, critican, fustigan y reprueban la actuación y declaraciones de los políticos y de los funcionarios públicos. Son periodistas con mucho oficio y que publican a diario una columna de “opinión editorial”.

Uno de ellos, Aguilar Camín, señaló que el propósito de la Presidenta es “…continuar el proyecto constitucional autocrático de López Obrador, sin moverse un ápice. Quiere acabar con la división de poderes, concentrarlos en la Presidencia, militarizar la seguridad pública, suspender en delitos claves la presunción de inocencia. La pieza final ya está en marcha: controlar las elecciones desde el gobierno”. (Milenio, agosto 5 de 2025.)

Este estilo, tan determinante y contundente en la señalización y descalificación de la Presidenta (y de López Obrador), se repite día con día en las columnas de Aguilar y de otros periodistas. Así lo hicieron a lo largo del sexenio de AMLO y ahora lo continúan con CSP: el éxito de esta “demoledora crítica política” podría medirse en el nivel de aceptación y popularidad de la Presidenta, o en las votaciones electorales de Morena.

Otro periodista y escritor, quien está forjando su prestigio en la comentocracia, es Jesús Silva-Herzog Márquez. Ante la próxima toma de protesta de los integrantes de la nueva Corte, señaló que: “habrá terminado la polifonía que entrelazaba distintas voces, distintas melodías, distinto ritmos”. “Todas las piezas del Estado cantarán a una sola voz.” Y agrega: “La destrucción del Poder Judicial ofrece el itinerario del cambio de régimen en su último impulso… La autocracia burló la ley para implantarse”. Y sentencia: “Así murió la democracia constitucional mexicana. No por votos sino por fraudes”. (Reforma, 4 de agosto del 2025.)

Esta apreciación de la no vigencia del régimen democrático en México se aplica de manera extensiva hacia el proceso político en otros países.

Cristóbal Venegas publicó, en El País, un artículo con el título de: “Posdemocracia. El fin de un orden global”. (4 de agosto de 2025.) Venegas señala que la democracia siempre ha tenido una capacidad autodestructiva y se atreve a afirmar que esa capacidad siempre fue considerada como inherente a la democracia. Después de mencionar a Vladimir Putin, a Ortega y a Bukele, que llegaron al poder vía el voto en elecciones y que se “han dedicado a erosionar el credo democrático”, aparece el villano favorito: Donald Trump, quien “junto con la docena de epígonos que tiene en Europa y América Latina” se ha dedicado a cercenar los derechos humanos, con el bloqueo de las ´políticas de inclusión, diversidad e igualdad’ y la creación de chivos expiatorios. Ahora resulta, según Venegas, que el problema es esa capacidad autodestructiva de la democracia.

El cierre de la argumentación de Venegas se enfoca en que: “el asedio histórico que sufre la democracia representativa” es consecuencia de los fracasos de esta en la confrontación de los problemas de la ciudadanía y en la atención a sus demandas.

Achacarle al régimen político los fracasos en la solución de los problemas de la sociedad, no parece ser lo más justo. Más bien es el sistema económico, que se sostiene en una alta desigualdad, con unos cuantos superricos y millones de pobres, el que genera movilizaciones e inconformidades. Y allí es donde aparecen los iluminados.

La reforma electoral que plantea la Presidenta de México tiene que ver con la representatividad de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. No se propone un cambio del régimen político, mucho menos acabar con la democracia, como algunos dicen.

Desde fines del siglo pasado, la evolución del sistema electoral mexicano se centró en abrir espacios a las oposiciones al régimen priísta. Después de que el escritor Vargas Llosa se refiriera al régimen político mexicano calificándolo como una “dictadura perfecta”, el triunfo electoral del PAN en el año 2 mil representó una oportunidad para realizar cambios en el régimen de gobierno. Pero el Presidente Fox se desentendió del asunto. En los dos gobiernos encabezados por panistas (Fox y Calderón) y en el de Peña Nieto, los cambios en el sistema político-electoral ampliaron el poder de las élites partidistas: en la designación de las candidaturas plurinominales y para decidir sobre la reelección en diferentes puestos. El poder de las cúpulas se tradujo en relevos de posiciones políticas entre amigos y familiares. Muchos de los nombres de los políticos en puestos de elección se han repetido en los últimos lustros.

No obstante, la decisión crítica en el sistema de partidos fue la de establecer una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, en torno al programa de gobierno del Presidente Peña Nieto. Ese movimiento desdibujó la ideología de PRI-PAN-PRD hasta la fecha y singularizó la posición de Morena ante las políticas de gobierno.

Se abrieron las puertas al denominado “chapulineo”. Los miembros de un partido político para mantenerse en puestos de elección renuncian a su militancia y se adhieren a otro partido. La ideología política ya no es elemento de identidad o cohesión partidista.

Otra práctica que ha deteriorado la imagen institucional de los partidos políticos es el nepotismo. Los puestos de elección se transfieren o se heredan entre familiares.

Con el sistema de candidaturas plurinominales, con la reelección en los puestos y la práctica del nepotismo, las élites partidistas se han anquilosado en los puestos de dirección, no se renuevan los cuadros políticos y los asuntos públicos se dirimen en reuniones familiares. Es una crisis de los partidos, no de la democracia.

A lo largo del régimen de la “dictadura perfecta” se desarrollaron múltiples artimañas para incidir en el ejercicio del voto. Con la representación ciudadana en las casillas se redujeron esas prácticas. El reto ahora es el uso y abuso de los medios digitales.

El entramado de instancias jurídicas que validan las elecciones y que enjuician sobre las intenciones de fraude o de irregularidades en los procesos electorales, han convertido las quejas y señalamientos en una materia de litigio lenta y compleja.

La apertura del espacio político electoral para la mujer ha sido un cambio importante. Su instrumentación requiere aún simplificación y certeza.

La reforma al sistema político- electoral tendrá que abrirse al debate y a la consulta ciudadana.