Es prioridad combatir la corrupción
Filiberto Pinelo Sansores 

Mérida.- El combate a la corrupción en los gobiernos de la 4T es en serio. No como los que emprendían los gobernante priistas y panistas en su tiempo, meras simulaciones para distraer la atención, pues mientras se embolsaban grandes fajos de billetes -ellos y los insaciables miembros de sus equipos- ocultaban sus fortunas con mil y una tretas, como la que, todavía practican, connotados personeros del prianismo de no consignar lo que poseen en sus declaraciones patrimoniales.

Los senadores, priistas Alito Moreno y Manuel Añorve, panistas Ricardo Anaya y Lilly Téllez, y los diputados del PAN, Federico Döring, Marko Cortés y Jorge Romero -este último presidente del partido- fueron descubiertos en esta maniobra. El senador Fernández Noroña los puso en la picota.

Después de revisarlas, los denunció: “Alejandro Moreno, dijo, no tiene propiedades, cuando menos declaradas, lo único que tiene es un pasivo por 8 millones de pesos en un lugar que no detalló; Marko Cortés tampoco declaró bienes inmuebles o vehículos y solo detalló que compró, de contado, un bien inmueble por 12 millones de pesos. Ricardo Anaya declaró no tener bienes inmuebles, el pobre viaja en Didi y Uber -comentó-, debe ser muy dura su vida, pues ninguno de ellos tiene nada. Ni vergüenza”.

Describió los casos de Lilly Téllez, quien declara no tener bienes inmuebles, ni autos; Jorge Romero -el jefe del Cártel inmobiliario de la Benito Juárez-, quien dijo tener sólo un bien inmueble y un automóvil, sin revelar los montos, pero afrontar pasivos por casi 3 millones de pesos, Federico Dóring, matraquero del PAN y Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI declararon no tener, tampoco, bienes inmuebles ni vehículos.

“La oposición sí vive en la pobreza franciscana”, concluyó quien fuera presidente del Senado, quien hizo la revisión, luego de que por haber puesto en su declaración patrimonial la adquisición de la casa alquilada donde desde hace años ha vivido -en Tepoztlán, Morelos- mediante un crédito de 12 millones -por lo que no será suya hasta que no termine de pagarla- fue atacado fieramente por la oposición, secundada por sus grandes cajas de resonancia, los medios y sus comentócratas a sueldo, que hicieron un gran escándalo, con la acusación de haber cometido un acto de corrupción.

El asunto no es que un funcionario adquiera una propiedad cuando está en funciones, sino que pueda demostrar que la adquiere con recursos fruto de su trabajo y no desviados del erario. Para eso se inventaron las declaraciones patrimoniales. Si un servidor consigna en su declaración patrimonial la compra de una casa y demuestra ante la autoridad correspondiente que lo hizo con recursos fruto de su trabajo, ese servidor cumple con la ley. Pero por lo visto, hay muchos que la vulneran.

El caso más notorio es el del líder del PRI, pues ha sido denunciado en Campeche, con documentos, por las propiedades que adquirió cuando fue gobernador, entre ellas, una mansión de 300 millones de pesos, vehículos de carreras, como un Lamborghini, y el abundante dinero que se robó de las arcas de la entidad, es decir, con las inocultables pruebas de su corrupción. Pero hasta hoy ha eludido la acción de la justicia que esperamos ya no tarde en echarle el guante y mandarlo a donde debe estar.

Es una tarea muy difícil la que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta Sheinbaum para erradicar la corrupción en todos los órdenes de la vida del país porque el grado de descomposición a que se llegó fue muy alto. Lo ponen de manifiesto hechos de la vida diaria como el del magnate de la televisión que evade el pago de impuestos con el aval de jueces, magistrados y ministros; o el descubrimiento de jefes policiacos que comandan cárteles del crimen organizado. O el reciente caso del contrabando de combustible con la participación de elementos de la Marina.

Este último, en el que están involucrados, empresarios, empresas de transporte, Agencias Aduanales y algunos servidores públicos, es la demostración más clara de que combatir la corrupción sin importar el nivel de poder que tengan los involucrados en las tramas, es de la más alta prioridad tanto de este gobierno como del anterior, el encabezado por López Obrador, porque a despecho de las tergiversaciones de la propaganda amarillista, fue en su gobierno cuando se iniciaron las investigaciones que culminaron cuando un buque cargado de 10 millones de diésel fue asegurado en el puerto de Tampico con documentación falsa.

A partir de estos hechos, la derecha ha querido “demostrar” que el gobierno de AMLO protegía a los delincuentes porque dos de los detenidos eran sobrinos políticos del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ocultando que fue, precisamente, este, quien denunció ante el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero las primeras denuncias de corrupción que dieron pie a las investigaciones que se coronaron con la identificación de los participantes en el ilícito y la detención de muchos de ellos.

Sin el más mínimo escrúpulo, esa derecha difunde falsedades en torno al caso sin considerar que sus mentiras pueden manchar la honra de inocentes como cuando divulgó que el capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se había suicidado por haber sido descubierta su participación en el asunto, siendo que, según el Fiscal, “no estaba involucrado” en él.

Estamos viviendo momentos estelares que nos llevarán a estadios más acordes con las aspiraciones ancestrales de nuestro pueblo de salir de la pobreza y entrar en una era de bienestar para todos y no sólo para unos cuantos. El camino es largo y no sin obstáculos; pero la ruta seguida por el movimiento es sostenible mientras no se desvíe de los grandes principios que le dieron vida y ahonde en el esfuerzo por hacer cada vez más pública la vida pública de México.