
Puebla.- Cuando la clase política tiene algo que ocultar, lo mejor para ella es silenciar a los medios de comunicación. Que las cosas no se sepan, o al menos que no se difundan. Así pueden leerse las declaraciones de algunos integrantes del grupo en el poder actual.
El senador Fernández Noroña se quejó del manejo que los medios hicieron del conflicto que tuvo en el Senado con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. La calificó de “ruin”. Y señaló algo que puede leerse como amenaza: “No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes”.
Una advertencia un tanto rara. ¿Va Alejandro Moreno a agredir a los medios? ¿Con empujones? ¿Tiene el poder para hacerlo, cuando ha hundido a su partido hasta ser la cuarta fuerza política en el Senado?
Los videos hechos públicos por muchos medios no dejan duda: quien empezó con los empujones fue el priista. Pero hay que ponerlo en el contexto: la actitud autoritaria, prepotente, patanesca de Fernández Noroña como presidente del Senado generó el enojo. A lo que puede añadirse su cinismo de presentarse como un plebeyo con una casa de campo de doce millones de pesos. Ciertamente nada justifica la violencia, aunque se trate solo de empujones, pero sí hay factores que la explican.
Una semana antes, Beatriz Gutiérrez Müller declaró ante la noticia de que se iría a vivir a España publicada por el diario ABC y replicada por los medios en México: “Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Declaración que fue interpretada como parte del proceso de autocratización en México, que busca concentrar el poder al alinear al Judicial con el Ejecutivo. Si quienes ocupan posiciones de poder se incomodan por lo que publican los medios, basta una denuncia para que los jueces lo sancionen. Una amenaza a la libertad de prensa… o el fin de la misma.
La ministra de la Suprema Corte Lenia Batres declaró la necesidad de realizar cambios en la legislación del derecho de réplica, para que los medios que no la acaten tengan una sanción inmediata.
Si sólo se trata de esto, creo que no hay problema. Con frecuencia los medios se equivocan, y los afectados por esas equivocaciones tienen, legal y moralmente, el derecho de que se corrija la equivocación. Pero en el contexto, la frase pudiera interpretarse como que el grupo en el poder va por algo más, por el control de la libertad de expresión.
¿Luces rojas o amarillas en este tema crucial para la vigencia de una democracia?
Esperemos que ni unas ni otras. Que la clase política vea con claridad que la libertad de prensa, siempre incómoda para quienes ejercen el poder, es necesaria para la vigencia de un sistema democrático.