AL BORDE
Criminales VIP
Jorge Castillo

Monterrey.- Desde que Felipe Calderón Hinojosa declaró ‘la guerra contra el narcotráfico’ no cesan la inseguridad y la violencia en nuestro país. Y aunque el índice de letalidad reportado por las fuerzas del orden disminuyó considerablemente durante el sexenio de AMLO –lo cual supuso el abandono de la política de enfrentamiento armado abierto y generalizado contra el crimen organizado– los ‘abrazos y no balazos’ no han implicado la disminución significativa de los homicidios a nivel nacional, los cuales se han mantenido en un promedio aproximado de 43,500 al año durante el período 2018-2024 (Monitor de uso de la fuerza letal en América Latina y El Caribe. México 2024, PPD e IIJ-UNAM: 13; Statista, 14/05/2025).

Además, al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto (incluyendo el acumulado del período calderonista) se contabilizaban 53,296 personas desaparecidas de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Edgar Cortez, IMDHD, 18/06/2024). Número que para marzo de 2025 ascendió a 125,303 personas (Tadeo Campoy, El Imparcial, 23/03/2025), lo cual significa un incremento de 72,007 desaparecidos durante el período de la 4T, y que a su vez representa un 57% de aumento.

Pero todas estas cifras no reflejan a cabalidad el impacto y la magnitud de las tragedias personales, familiares y comunitarias que nos desgarran desde hace casi 20 años y que parecen no tener fin. Estos datos estadísticos no nos permiten dimensionar la angustia y el temor que miles de mexicanos experimentamos día a día por correr el riesgo de ser víctimas directas o colaterales de los grupos criminales o de las fuerzas del orden público. Números que opacan el dolor y el peregrinar de cientos de miles de víctimas que no obtienen respuesta clara de los aparatos judiciales mexicanos, ante los cuales claman justicia por sus muertos y acciones eficaces para la búsqueda de sus desaparecidos.

Los verdaderos daños sociales y humanos provocados por los generadores de violencia son inconmensurables, y conforme esa apreciación las autoridades deberían estimar las debidas responsabilidades que esos criminales tienen ante la sociedad. Esclarecimiento de los hechos, castigo a los culpables y no repetición de los delitos es lo que las víctimas y la sociedad exigimos a las autoridades.

Por supuesto que no queremos volver a los años de guerra y de terror que caracterizaron al calderonato, ese modelo ha demostrado ser una falsa salida por las espirales de violencia que el mismo provoca. Pero tampoco queremos que por razones políticas entre México y EUA se opte por las salidas fáciles al desentenderse de la debida investigación, persecución y enjuiciamiento de los criminales y sus cómplices; sobre todo de los máximos capos.

Resulta poco creíble que durante el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en EUA entre 2018 y 2019, la fiscalía, con todos sus recursos institucionales de investigación, no haya podido determinar con exactitud el monto total de la fortuna del capo, la cual se estimaba que ascendía, por meras declaraciones de testigos, a 12,666 millones de dólares (Alina Archundia, La Razón, 05/01/2023). Más bien parece que no había intención de hacer públicas las cifras ni las propiedades del capo, tal vez con miras a futuras negociaciones con las autoridades estadounidenses. Veamos.

El 25 de julio de 2024 Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada fueron detenidos por el FBI en un pequeño aeródromo de la frontera sur de Nuevo México, luego de un vuelo corto desde Sonora. La versión oficial es que Guzmán López se entregó y que El Mayo fue llevado contra su voluntad, al parecer con engaños de Guzmán López (Elías Camhaji, El País, 21/02/2025).

Este hecho generó una crisis diplomática entre México y EUA, además dio inicio a la guerra armada entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos por el control del Cartel de Sinaloa, y la cual continúa hasta el día de hoy con terribles saldos para la población civil. Situación que, sin duda y “casualmente”, ha puesto en duda la capacidad de gobernanza de los gobiernos estatal y federal de Morena.

Y ha trascendido que el fin de semana pasado 17 familiares de El Chapo Guzmán se entregaron a agentes del FBI en la garita del puente internacional de San Ysidro, California. Evento que ocurrió a semanas previas de que Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, tendrá una audiencia para cambiar su declaración de inocencia por la de culpabilidad en el proceso judicial que enfrenta en una Corte de Distrito de Nueva York por tráfico de fentanilo. Se piensa que la entrega de los familiares podría deberse a un trato de Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses para integrarlos al programa de testigos protegidos, y así salvaguardarlos de un posible recrudecimiento de la guerra mafiosa, y la cual pudieran estar perdiendo Los Chapitos (Aristegui Noticias, 12/05/2025).

Al parecer se entregaron sobrinos, nietos, la exesposa y una hija del Chapo Guzmán. Viajaron en avión de Culiacán a Tijuana con maletas de marcas de lujo y más de 70 mil dólares en efectivo (Aristegui Noticias, 12/05/2025). Se prevé que se entreguen más familiares, a todos los cuales se les asignará una nueva identidad y se les permitirá conservar parte del dinero obtenido por sus actividades ilegales. Esto representa parte de los primeros beneficios obtenidos por los Guzmán López por haber entregado a El Mayo y por proporcionar “información clave” a las agencias estadounidenses (Aristegui Noticias, 13/05/2025). Información que es muy arbitraria, pues los capos apresados pueden señalar a cualquiera por muy diversas razones.

Así, la familia de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y del mundo pasará de ser protegida por el blindaje mafioso a la protección institucional proporcionada por las autoridades estadounidenses y con la anuencia silenciosa de las autoridades mexicanas. Aunque dichos familiares no sean operadores directos de las actividades criminales, sí son beneficiarios inmediatos y privilegiados de sus negocios millonarios. Y ahora que los cabecillas Guzmán López están siendo procesados penalmente y están cooperando con los aparatos judiciales estadounidenses, sus familiares, en prestación, también serán agraciados con las prerrogativas que brinda su sistema de justicia.

Un final nada lamentable para esa dinastía criminal que se ha ganado varias “visas doradas” para establecerse de forma segura en EUA. Nada que ver con el infierno cotidiano que padecemos millones de mexicanos y el cual es provocado por estos linajes delictivos. Mexicanos de a pie que difícilmente logramos obtener asilo en el país vecino por ser perseguidos y extorsionados por las mismas organizaciones criminales que hoy logran estás dispensas ante la subsidiaria “justicia” norteamericana. ¿Este es un trato proporcionalmente justo ante el mal que estos criminales han causado a la sociedad mexicana? ¿En dónde ponemos todo el daño que nos han hecho? ¿Estos tratos inciden en algo en la disminución de los crímenes y la violencia?

Y esto contrasta con las primeras acusaciones por delitos específicos de narcoterrorismo hechas recientemente por el gobierno estadounidense a Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel, dirigentes de la facción de los Beltrán Leyva del Cartel de Sinaloa (El Universal, 14/05/2025). ¿Quién y bajo qué criterios determina quién es narco a secas y quién es narcoterrorista? ¿Las autoridades estadounidenses también estarían dispuestas a negociar y a ofrecer beneficios y privilegios a aquellos que clasifiquen como narcoterroristas? ¿Cuáles son las pautas políticas y jurídicas que determinan a qué bandos o facciones criminales aplicar todo el peso de la ley y a cuáles no?

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